febrero 22, 2024

Al parecer por desinteligencias o criterios diversos, cuando no hasta erráticos, entre dos reparticiones del Ministerio de Economía y Finanzas, concretamente la DGC (Dirección General de Casinos) y de la DNLQ (Dirección Nacional de Loterías y Quinielas), la actividad de este lucrativo negocio -que se ha instalado en todo el territorio nacional y hasta en muchos pequeños negocios de barrios pobres de nuestras ciudades- fue aumentando, en proporción a la ausencia o abandono de controles por parte de la autoridad estatal. Al no estar regulado el funcionamiento de estas máquinas, sus dueños, nucleados en la Cámara Uruguaya de Entretenimientos (CUDE) sostienen la legalidad de su proceder, seguramente basados en la libertad de trabajo y en el principio que sostiene que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero lo que resulta cierto -según ha tomado estado público- es que existirían actualmente unas 50.000 máquinas de esta naturaleza (tragamonedas o slots) “clandestinas” y el Estado deja de recaudar por su funcionamiento. Bueno es recordar que, los juegos de azar son parte cotidiana de nuestra idiosincrasia (desde la antigua lotería en beneficio del Hospital de Caridad al presente) con el desarrollo de la tecnología, éstos se han multiplicado en nuestro país. Ya no alcanza con el juego de la Quiniela, que se jugaba y se sigue jugando en dos turnos casi cotidianamente, se le sumaron la Tómbola, el Cinco de Oro, y el Cinco de Oro con Revancha, sin dejar de mencionar los juegos de azar con resultado instantáneo, como la Raspadita en sus “atractivas” presentaciones. Inocentes Bingos y Rifas son forma de recaudar fondos para obras sociales de diversas organizaciones. Los juegos en los casinos y los slots que funcionan en ellos, brindan ingresos al Estado que los destina a sus arcas y que distribuye porcentualmente, entre actividades a quienes se beneficia por mandato legal. Sería ingenuo pensar que en un nicho de este mercado no regulado, el narcotráfico pudiera quedar ausente. ¿Qué mejor lugar para tratar de “lavar” parte de sus dineros? Llama la atención que recién ahora, se tome conciencia de la real dimensión de este problema, cuya realidad y peligro, no puede pasar desapercibida, Seguramente existieron otros intereses que encajonaron o dilataron el tratamiento de la necesaria regulación legislativa de esta actividad -que no es un juego de niños- y que en algunos casos, forma parte importante del ingreso cotidiano de muy pequeños negocios (de esos que aún quedan, donde el vecino concurre y compra hasta la yerba fraccionada, por poner un ejemplo) donde deja sus monedas cotidianamente, al “probar suerte” en este tipo de maquinitas, y tal vez “ganar” el importe de lo que compró. Existe además toda una regulación de habilitación de locales comerciales -que no es órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de los Gobiernos Departamentales- que tendrá que cumplirse, así como obligaciones fiscales y normas que garantizan el cobro de los “premios” a quienes apuestan, por más modesta que resulte su chance. Si lo que se pretende es “limitar, regular, controlar y evitar todo riesgo” tendría que controlarse también, por técnicos especializados, hasta la programación en los resultados de estas verdaderas computadoras, que causan adicción a los ludópatas -con toda la problemática social y familiar que conlleva- y por otra parte enriquecen, a quienes las ponen en funcionamiento. Se impone aprobar esta necesaria regulación, pero sin los debidos controles de la puesta en práctica de lo que el legislador disponga -por los motivos o causas que sean- todo volverá a su punto de partida, pues la realidad marcha a una velocidad muy superior a la que desarrolla la respuesta normativa que pretende regularla.