Lamentablemente la tecnolog\u00eda, ha permitido que inescrupulosos, hayan hecho uso de ella a efectos de obtener beneficios indebidos, sacando provecho de la ingenuidad o la falta de precauci\u00f3n de las v\u00edctimas. Muchas veces, los damnificados han sido burlados en su buena fe, y se han visto afectados en su patrimonio, sin que el sistema legal otorgue respuestas efectivas y eficaces a estas personas. En el caso que nos ocupa, una presunta estafa que se habr\u00eda cometido en Maldonado, contra una persona que pretendi\u00f3 contratar la realizaci\u00f3n de una obra de ampliaci\u00f3n en una caba\u00f1a -que finalmente ni se comienza- dispar\u00f3 la comisi\u00f3n de una serie de conductas no s\u00f3lo inadmisibles, sino penalmente reprobables. Estas demuestran el quiebre de valores en nuestra sociedad, ya que los ahora formalizados \u2013dos de ellos con antecedentes- y sometidos a prisi\u00f3n preventiva, buscaron recuperar el dinero que uno de ellos hab\u00eda entregado, sin medir el alcance de sus actos. Sinti\u00e9ndose \u201cimpotentes\u201d -seg\u00fan declar\u00f3 la madre de uno de ellos- resolvieron ejecutar una serie de movimientos, con los que buscaron presionar al responsable, a efectos de lograr se le reintegrara el dinero. Resulta significativo el desborde de estos tres individuos, que seg\u00fan ha trascendido, incurrieron en m\u00e1s de un delito para lograr la satisfacci\u00f3n de su inter\u00e9s. No se trata aqu\u00ed de un asunto de menor cuant\u00eda, estamos ante un caso que toma estado p\u00fablico por la sucesi\u00f3n de conductas ileg\u00edtimas que son inadmisibles, donde existi\u00f3 violencia privada, privaci\u00f3n de libertad, secuestro, todo ello ejecutado con premeditaci\u00f3n y violencia efectiva. Cuando el Estado no logra dar respuesta a los reclamos de quienes se ven lesionados en su persona o bienes y quienes est\u00e1n habilitados por la Constituci\u00f3n y la Ley para actuar con poder de imperio para sancionar a los responsables, no brindan seguridad ni certeza, se corre el riesgo de enfrentar este tipo de procederes, que vulneran el Estado de Derecho. El peligro que supone el ejercicio ilegal de la fuerza, debe evitarse como forma no s\u00f3lo de fortalecer la institucionalidad, sino tambi\u00e9n como modo de preservar el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Pues todas ellas deben ser protegidas en el goce de esos derechos, entre los que se cuentan entre otros, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Nuestro constituyente establece que esos derechos (llamados \u201cde primera generaci\u00f3n\u201d) s\u00f3lo podr\u00e1n limitarse \u201cpor razones de inter\u00e9s general\u201d, sigui\u00e9ndose los procedimientos establecidos en las leyes que corresponda aplicar. Debe quedar claro que la insatisfacci\u00f3n o el sentirse impotente o burlado por un estafador o por alguien que se aprovech\u00f3 de la ingenuidad o buena fe de la v\u00edctima, no habilita en modo alguno a actuar por s\u00ed y ante s\u00ed, ni menos a ejercer violencia de ning\u00fan tipo para lograr la reparaci\u00f3n que se pretende. El da\u00f1o social que se ocasiona, es tremendo y lo que debiera hacerse, es atender desde las reparticiones p\u00fablicas legalmente competentes, en forma eficaz e inmediata, las denuncias que a diario se formulan, para garantizar la normal convivencia ciudadana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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