Habiendo quedado probada la directa participaci\u00f3n del actual Senador de la Rep\u00fablica Charles Carrera (cuando ejerc\u00eda un alto cargo en el Ministerio del Interior en tiempos del Ministro Bonomi) en el pago que se realiz\u00f3 al Hospital Policial por el uso de sus servicios m\u00e9dicos y de hoteler\u00eda, en favor del herido de bala del balneario La Paloma, as\u00ed como los gastos efectuados por su esposa en el mismo nosocomio p\u00fablico, sin que en ninguno de los casos se tuviera derecho a ello, cabe leg\u00edtimamente preguntarse por qu\u00e9 raz\u00f3n el funcionario antes mencionado no ha asumido la responsabilidad que le corresponde. Lo que resulta peor a\u00fan, sin que hasta el momento haya ofrecido hacerse cargo de esa \u201cliberalidad\u201d, que sin embargo, carg\u00f3 a los contribuyentes que hacemos posible el funcionamiento del Estado. Si en nuestro pa\u00eds nadie es m\u00e1s que nadie y todos debemos acatar las normas jur\u00eddicas que lo hacen posible, cu\u00e1l es la raz\u00f3n para seguir dilatando el cumplimiento de lo preceptuado en el art\u00edculo 25 de la Constituci\u00f3n Nacional que dispone: \u201cCuando el da\u00f1o haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasi\u00f3n de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el \u00f3rgano p\u00fablico correspondiente podr\u00e1 repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparaci\u00f3n.\u201d La acci\u00f3n de repetici\u00f3n contra los funcionarios p\u00fablicos que incurren en esta conducta en el ejercicio de sus funciones o en ocasi\u00f3n de ese ejercicio, debe decidirse e instrumentarse sin m\u00e1s dilaciones. Se actu\u00f3 con total impunidad y soberbia, en perjuicio de los dineros de los contribuyentes, en beneficio personal en un caso y seguramente motivado por una finalidad muy distinta al inter\u00e9s p\u00fablico en la otra, pero lo cierto es que, fueron m\u00e1s de trescientos mil d\u00f3lares que nos cost\u00f3 el infiel proceder de este funcionario. Por ello es que debe reparar el da\u00f1o que ha causado. Tampoco puede perdonarse, como si nada hubiera pasado, a quien no le import\u00f3 disponer -sin marco normativo alguno que lo amparare- esto es, arbitrariamente de los recursos p\u00fablicos, -siempre escasos- sin encontrarse legalmente habilitado para ello, lo que resulta a todas luces inaceptable e inadmisible. Muy mala se\u00f1al se dar\u00eda a los habitantes de nuestro pa\u00eds, y en especial a la ciudadan\u00eda, si este asunto pasase sin pena ni gloria. La Administraci\u00f3n P\u00fablica se vi\u00f3 perjudicada patrimonialmente con la inconducta de quien s\u00f3lo busc\u00f3 un beneficio personal o pol\u00edtico, y ese proceder es el que debe ser sancionado. Nuestra imagen de pa\u00eds serio y cre\u00edble, que aplica el derecho y resuelve pac\u00edficamente las controversias, no debe verse empa\u00f1ado por un lamentable episodio con el que se perjudic\u00f3 al Estado y se benefici\u00f3 a un funcionario que viol\u00f3, sin que se le moviera un pelo, no s\u00f3lo el principio de legalidad sino adem\u00e1s, su deber de lealtad, benefici\u00e1ndose indebidamente. Inaceptable. Como resulta tambi\u00e9n incre\u00edble que se haya postergado la decisi\u00f3n judicial en el asunto que, como m\u00ednimo, debiera inhabilitar a esta persona para el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica, sin perjuicio de lograr de su peculio, la recuperaci\u00f3n de lo abonado indebidamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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