Desde que viera la luz el libro \u201cDe los Delitos y las Penas\u201d del fil\u00f3sofo y jurista milan\u00e9s Cesare Beccaria (1735-1794) la doctrina penal mantiene un principio de fundamental importancia a la hora de atribuir responsabilidades y de sancionar conductas. De la arbitrariedad de los sistemas propios del absolutismo mon\u00e1rquico anteriores al Siglo XVIII, comenz\u00f3 a reconocerse y a prevalecer, el principio protector: \u201cno hay delito ni pena sin ley que la establezca\u201d, garantizando de ese modo, el pleno goce (aunque no absoluto) de la libertad, como un derecho humano fundamental o de primera generaci\u00f3n. En tanto la conducta objeto de estudio, no supusiera un apartamiento de las normas jur\u00eddicas o no se incurriese en una violaci\u00f3n a las disposiciones legales que se establecieren \u201cpor razones de inter\u00e9s general\u201d, se comprende llanamente que, lo que no resulte prohibido est\u00e1 permitido. La formalizaci\u00f3n penal por \u201catentado\u201d, dispuesta judicialmente como consecuencia de la conducta del presidente del sindicato de funcionarios de OSE, (que se manifestara contrario a una decisi\u00f3n del Directorio de la empresa p\u00fablica para la que trabaja, intentando \u201cllamar la atenci\u00f3n\u201d y buscando obstaculizar el acto administrativo de apertura de un llamado a licitaci\u00f3n de una obra p\u00fablica) nos enfrenta al delgado l\u00edmite que existe entre la libertad sindical y el delito. No se trata aqu\u00ed -como pretenden desde las filas del conglomerado sindical- de la judicializaci\u00f3n de una conducta que pudiera catalogarse de \u201cgremial\u201d, sino de aplicar la norma jur\u00eddica que el Legislador con car\u00e1cter universal, general y abstracto, sancion\u00f3 con anterioridad, para calificar este tipo de conductas. Tanto es as\u00ed que, en el Cap\u00edtulo V del C\u00f3digo Penal Uruguayo, que trata de las normas relativas a \u201cDe la violencia y la ofensa a la autoridad p\u00fablica\u201d, se dispone sancionar penalmente a quien use violencia u amenaza contra un funcionario p\u00fablico, con el fin de estorbarle el libre ejercicio de su funci\u00f3n, resultando agravante ser el \u201cjefe o promotor\u201d, encuadrando esa conducta dentro de los Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica. La conducta en que incurriera el hoy formalizado dirigente sindical, excede a nuestro entender, los l\u00edmites de la pac\u00edfica manifestaci\u00f3n de descontento. Excede incluso la pretendida defensa de los derechos gremiales de los funcionarios de la empresa p\u00fablica de la que resulta dependiente y los que debiera defender. Manifestarse violentamente dentro del edificio p\u00fablico, contra una decisi\u00f3n pol\u00edtica, adoptada por las autoridades de OSE dentro del l\u00edmite de las competencias que le atribuyen las normas constitucionales y legales, en nada se compadece con la defensa de los intereses de los trabajadores afiliados o no, al sindicato que preside. Se confunden intereses y roles y se desconoce a los funcionarios p\u00fablicos que, en ejercicio de sus leg\u00edtimas atribuciones, deb\u00edan cumplir con su funci\u00f3n p\u00fablica, sin tener que soportar violencia alguna, para llevar a cabo lo ordenado por el Directorio. Dejar pasar esta inconducta, como si nada hubiera ocurrido, supondr\u00eda un inaceptable menoscabo a la autoridad p\u00fablica, que no es admisible en nuestro Estado de Derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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