Comenzar\u00e1 a aplicarse en forma paulatina, la nueva norma jur\u00eddica que habilita la internaci\u00f3n compulsiva para quienes viven en la completa intemperie, en situaci\u00f3n de calle, cuyo n\u00famero se ha visto incrementado en diversas zonas de nuestra capital. Esta normativa, redactada en un par de art\u00edculos por la Ley 20.279 del 25 de Mayo de 2024, no es m\u00e1s que una modificaci\u00f3n de lo dispuesto en la Ley 18.787, promulgada durante el segundo gobierno del Frente Amplio el 27 de Julio de 2011, y que fuera reglamentada por el Decreto 159\/2021. Impone la obligaci\u00f3n del Estado, de asistir a estas personas, a efectos de atender su salud, pudi\u00e9ndolos internar en un centro hospitalario, -a\u00fan sin contar con su consentimiento- cuando presenten \u00abun riesgo inminente para s\u00ed o para un tercero o impedir que se les proporcione un tratamiento hospitalario adecuado\u00bb, todo debidamente certificado por el profesional m\u00e9dico actuante en el procedimiento. Se trata de contemplar a quienes viviendo en la completa precariedad, en espacios p\u00fablicos, debajo de p\u00f3rticos o aleros de edificios, poseen riesgo cierto de padecer graves enfermedades e incluso riesgo de muerte, afectados en su capacidad de juicio, ya sea por una patolog\u00eda psiqui\u00e1trica o por el consumo de sustancias psicoactivas. Se aplicar\u00e1 un protocolo de actuaci\u00f3n, con intervenci\u00f3n del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud P\u00fablica a trav\u00e9s de la Administraci\u00f3n de los Servicios de Salud del Estado, y eventualmente del Ministerio del Interior, en aquellos casos de que se oponga resistencia y para evitar situaciones de mayor violencia. Debemos se\u00f1alar que esta internaci\u00f3n (en refugios o en centros hospitalarios donde puedan ser adecuadamente atendidos en sus patolog\u00edas) no supone en modo alguno \u00abprivaci\u00f3n correccional de libertad\u00bb, sino una asistencia obligatoria por parte de los organismos estatales o departamentales. Resulta loable el objetivo contenido en la normativa hoy vigente, en tanto y en cuanto, pretende cuidar la salud y la vida, en suma: la integridad de las personas y al mismo tiempo, defender los derechos de los vecinos (que muchas veces ven invadidos los espacios urbanos y hasta los privados, debiendo poner rejas para evitar se instalen o utilicen los mismos para hacer sus necesidades fisiol\u00f3gicas a su vista y paciencia, sin pudor alguno) en el claro entendido que \u00abvivir en la calle no constituye un derecho\u00bb como han argumentado los detractores de esta norma. Bueno es recordar el esfuerzo hecho en esta materia social por el actual gobierno, tanto para aumentar los refugios de 24 horas, como para dar la m\u00e1s inmediata respuesta institucional en cumplimiento de la obligaci\u00f3n contenida en la Ley. En este a\u00f1o electoral, por supuesto que el tema ha servido para que los opositores a la Coalici\u00f3n Republicana, busquen obtener r\u00e9ditos pol\u00edticos, en su pretendida \u00abdefensa de los derechos\u00bb, que en rigor de verdad, no deben considerarse tales, ya que optar por vivir en la calle obedece no s\u00f3lo a la precariedad socioecon\u00f3mica, sino a los efectos del consumo de alcohol y drogas de distinto impacto, que en s\u00ed mismo constituye una situaci\u00f3n dram\u00e1tica lamentable, que debiera resolverse sin tantos devaneos. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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