Quien desempe\u00f1a en forma interina la m\u00e1xima jerarqu\u00eda en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, intent\u00f3 en conferencia de prensa, brindar un rostro m\u00e1s humano, al bochorno que signific\u00f3 la decisi\u00f3n judicial de autorizar el allanamiento de una emisora radial y el domicilio de un periodista que, hab\u00eda difundido unos audios que relativizaban el asunto de la \u201cviolaci\u00f3n grupal\u201d, denominando \u201cerror estrat\u00e9gico\u201d la medida requerida por una Fiscal y autorizada por la magistrado actuante, a la que finalmente se dej\u00f3 sin efecto. Luego el jerarca de marras, pretendi\u00f3 revestir de \u201clegalidad\u201d lo resuelto, ya que adujo que la medida se solicit\u00f3 ante un Juez y \u00e9ste fue quien decidi\u00f3 la misma. Este con todo respeto es un error inexcusable, ya que la orden dispuesta en s\u00ed misma y m\u00e1s all\u00e1 de las formalidades procesales y administrativas, configura una ilegalidad. Lo incre\u00edble del caso es que, los funcionarios p\u00fablicos actuantes no hayan aquilatado en debida forma el atropello que estaban cometiendo contra principios y derechos fundamentales que hacen nada menos que al Estado de Derecho. Pues atentar contra la libertad de prensa y pretender conocer las fuentes de la informaci\u00f3n difundida por un periodista, resulta en todo caso inaceptable y dista mucho de los valores que hacen a la libertad de informaci\u00f3n, a la absoluta reserva de las fuentes y al derecho a la informaci\u00f3n que tenemos los que habitamos este suelo. Preocup\u00f3 por todos lados esta situaci\u00f3n, desde la celeridad de lo resuelto a la posible sanci\u00f3n penal al difusor de esos audios de contenido \u00edntimo, en los que no se menciona ni el nombre de la v\u00edctima (quien no habr\u00eda autorizado su difusi\u00f3n y a la que la norma en cuesti\u00f3n pretender\u00eda proteger) que al parecer, habr\u00eda consentido participar de esta actividad grupal. Ha quedado al desnudo adem\u00e1s, la falta de informaci\u00f3n de quien ejerce interinamente la jerarqu\u00eda m\u00e1xima de la Fiscal\u00eda, (quien asegur\u00f3 que los allanamientos de referencia no se hab\u00edan hecho efectivos, pretendiendo dar tranquilidad a la poblaci\u00f3n) cuando en un comunicado de la Direcci\u00f3n Nacional de Polic\u00eda, se le contradice y all\u00ed se manifiesta que, la orden judicial fue ejecutada tal como les fuera indicada, esto es: la emisora fue allanada y se incautaron materiales relacionados a este asunto. Habiendo tomado conocimiento de lo ocurrido, la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) la misma expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n y alerta ante este tipo de decisiones, que lamentablemente se manifestaron en nuestro pa\u00eds, justamente en estos d\u00edas considerado -por el \u00cdndice de Democracia de la revista brit\u00e1nica The Economist- como uno de los pa\u00edses m\u00e1s democr\u00e1ticos del mundo, de lo que debemos enorgullecernos. Este tipo de atropellos se producen en sistemas totalitarios, en los que se limita al m\u00e1ximo la libertad de informaci\u00f3n, se cierran peri\u00f3dicos y canales de televisi\u00f3n, se persigue a periodistas y se atemoriza a quienes poseen \u201cinformaci\u00f3n sensible\u201d a mantenerse en silencio, so pena de aplicarles sanciones muy graves. Hoy por el mencionado \u00cdndice, en Latinoam\u00e9rica, Nicaragua, Cuba y Venezuela son tristemente, un claro ejemplo de ello.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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