La decisi\u00f3n del actual gobierno, de otorgar por sendas resoluciones, la posibilidad de brindar servicios de internet a empresas privadas, ha generado una reacci\u00f3n del gremio de funcionarios del ente p\u00fablico de las telecomunicaciones, as\u00ed como de su anterior jerarca, quienes apuntan a \u201cdenunciar\u201d el \u201cdesmantelamiento\u201d de la misma con tales medidas, as\u00ed como la \u201cilegalidad\u201d de lo resuelto. Olvidan sin embargo que, hace casi seis a\u00f1os, la Suprema Corte de Justicia, se hab\u00eda pronunciado por la inconstitucionalidad de la denominada \u201cLey de Medios\u201d y que desde entonces, estos operadores privados a quienes el m\u00e1ximo \u00f3rgano jurisdiccional les diera la raz\u00f3n, aguardaban su momento para hacer jugar sus derechos en la materia. Una vez m\u00e1s, se pretende interponer intereses corporativos al \u201cinter\u00e9s general\u201d, el que sin lugar a dudas y \u2013mal que les pese a estos cr\u00edticos- confiere un mayor \u00e1mbito de libertad a los habitantes de este territorio, imponiendo un juego de libre competencia, el que seguramente redundar\u00e1 en mayores beneficios para los usuarios. Esto se traduce adem\u00e1s, en lograr un mayor esfuerzo por mantener a los clientes o incrementarlos, en atenci\u00f3n a la mayor eficiencia as\u00ed como a las mejores ofertas por paquetes de servicios a brindarse en nuestro mercado. Una vez m\u00e1s, observamos que la presunta defensa de las empresas p\u00fablicas -que sostenemos \u201ctodos los uruguayos\u201d- no es otra cosa que la defensa del propio inter\u00e9s pol\u00edtico de un colectivo sindicalizado, que hace de su funci\u00f3n y pr\u00e9dica, la raz\u00f3n de su propio existir, al que parece no importarle la fuerza de una sentencia judicial, dictada -sin posibilidad de apelaci\u00f3n alguna- dentro del \u00e1mbito de sus leg\u00edtimas competencias legales y constitucionales. Cabe preguntarse, algo que no resulta menor: hasta cu\u00e1ndo tendremos que seguir costeando las reparaciones patrimoniales de quienes han resultado gananciosos en juicios contra el Estado y no han sido resarcidos en tiempo y forma. Era tiempo de adoptar una decisi\u00f3n como la que nos ocupa. Resulta adem\u00e1s necesario significar que lo resuelto, no atenta contra el monopolio de la telefon\u00eda fija del ente p\u00fablico, la que se mantiene. Se respeta la libre competencia y se proh\u00edbe el \u201cabuso de posici\u00f3n dominante\u201d consagrados en la Ley 18.159 del a\u00f1o 2007 en un segmento del negocio de las comunicaciones, concretamente en lo que refiere a prestar \u201cservicios de telecomunicaciones de telefon\u00eda o la transmisi\u00f3n de datos\u201d, por parte de empresas que operan la televisi\u00f3n por cable. El \u00f3rgano jurisdiccional ante quien se deben interponer las acciones de inconstitucionalidad de las leyes, de acuerdo a nuestro sistema institucional, entendi\u00f3 que el art\u00edculo 56 de la Ley 19.307 del a\u00f1o 2014 conocida como \u201cLey de Medios\u201d, violentaba el art\u00edculo 85 numeral 17 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, que establece la competencia del Poder Legislativo, para establecer monopolios, debiendo contar con mayor\u00edas especiales de cada C\u00e1mara para hacerlos efectivos en favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales. Ni m\u00e1s, ni menos. Y ello, debe respetarse.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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