Nuestro sistema jur\u00eddico, confiere al Estado la facultad del uso de la fuerza, que aplicar\u00e1 en defensa de nuestras fronteras, ataque exterior o conmoci\u00f3n interior a trav\u00e9s del Ministerio de Defensa Nacional y le atribuye al Poder Ejecutivo, a trav\u00e9s del Ministerio del Interior, todo lo atinente a la seguridad p\u00fablica y a la defensa de la persona y bienes de los que habitamos este suelo. Sus atribuciones se encuentran regladas por las normas constitucionales y legales, que constituyen el Estado de Derecho, garantizadas por el pleno funcionamiento de los Poderes Legislativo y Judicial todo en perfecta independencia y armon\u00eda, que hace a la institucionalidad de nuestro sistema democr\u00e1tico y republicano de gobierno. Sabido es que, quien detenta poder en cualquier \u00e1mbito, corre el riesgo de incurrir en la tentaci\u00f3n de abusar del mismo. Por ello la imperiosa necesidad de contar con funcionarios comprometidos con la funci\u00f3n p\u00fablica, probos y a la vez, prestos a actuar -conforme a sus debidas atribuciones y prerrogativas- para garantizar el correcto funcionamiento del Estado al que sirven y en particular al pleno goce de los derechos de sus habitantes. Quienes \u201ctienen derecho a ser protegidos en el goce de esos derechos\u201d como establece nuestro Constituyente en su art\u00edculo 7mo. al enunciarlos, en un orden que no obedece a la casualidad. As\u00ed, la defensa de estos \u201cderechos humanos de primera generaci\u00f3n\u201d: vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, en este orden, se amplifican y complementan casi al infinito, luego con el art\u00edculo 72 de la misma Carta, que en una enunciaci\u00f3n de pr\u00edstino jus naturalismo, dispone, que \u201cesa enumeraci\u00f3n de derechos, deberes y garant\u00edas, no excluye a otros inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno\u201d. Sabemos que no son derechos absolutos, pero su consagraci\u00f3n constitucional debe enorgullecernos a todos, ya que el mismo constituyente estableci\u00f3, que s\u00f3lo podremos ser privados de estos derechos, conforme a las leyes que se establecieren por razones de inter\u00e9s general. El bochorno que ha significado el caso Astesiano, y las derivaciones de su accionar en la esfera de poder (a\u00fan no determinadas en su real dimensi\u00f3n y alcance), supone no s\u00f3lo la violaci\u00f3n a la confianza que se le brindara a quien deb\u00eda cumplir funciones de custodiar la seguridad del Primer Mandatario y de su familia, sino adem\u00e1s, deja en evidencia, hasta debilidades de un sistema de informaci\u00f3n de alta tecnolog\u00eda, al que acced\u00eda seguramente, a espaldas del Poder Judicial, con el entramado c\u00f3mplice de otros funcionarios desleales. Una estructura de tipo mafioso, con diversos puntos de apoyo, que tendr\u00eda larga data, y en la que se habr\u00edan manejado ganancias indebidas, debe ser aclarada fehacientemente, ya que esta incertidumbre, no le hace favor alguno al gobierno de coalici\u00f3n ni a la propia institucionalidad republicana. Se impone llegar hasta el fondo del asunto, ya que la gravedad de lo que ha trascendido es por s\u00ed misma harto preocupante. Que cada quien asuma sus responsabilidades y responda por su accionar, con el mayor peso que la Ley penal establezca para cada caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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