LA SEGURIDAD PÚBLICA

Algunos años atrás el tema que encabezaba la lista de las preocupaciones de la población, según las encuestas, era el relativo a la seguridad pública. Cuando los delitos son cada vez más frecuentes y violentos, naturalmente el temor se apodera de los ciudadanos, que se ven expuestos e indefensos ante la posibilidad de ser víctimas sobre todo de los que ponen en riesgo su vida, como, por ejemplo, rapiñas, copamientos, estar presente en medio de un tiroteo, o ser confundido por sicarios. Hoy aparecen otros temas, que tal vez la hayan desplazado algún puesto, pero la seguridad sigue siendo una legítima y más que razonable preocupación de la gente.
Aunque sea obvio no está de más expresar que el delito cero es imposible. Está presente en cada etapa de la historia del mundo y lo seguirá estando en el futuro. Ninguna sociedad es inmune a este mal. Por cierto que hay países en los que hay menos, o son menos violentos que otros, pero por algo en todos ellos también hay
cárceles, policías, jueces, fiscales, abogados especializados en Derecho Penal. Es claro que en las grandes ciudades se concentra la mayor parte de los delitos, pero también en las pequeñas localidades, y los noticieros dan cuenta de ello, hay asesinatos, femicidios, violaciones, violencia intrafamiliar.
En lo global, no se puede negar que la droga es la causante de gran parte del incremento y de la violencia de los delitos. Es un mal universal que también nos afecta fuertemente. Esto no es culpa de este gobierno ni de los gobiernos anteriores que eran de otro signo partidario. No se puede juzgar a una administración por el hecho que
haya hechos que nutren la crónica policial. Sí se le puede juzgar por la forma en que los combaten. La prevención, la eficiencia en la aclaración de los mismos, las leyes que proponen. Recordemos que las investigaciones las dirigen los fiscales. La policía actúa como auxiliar, pero su rol es de vital importancia.
Por ello es necesario que pueda contar con los medio legales para actuar. Dentro de los 135 artículos de la LUC que se someterán a decisión ciudadana el mes próximo, están los que se refieren a la Seguridad Pública. Para algunos deben recortarse algunas facultades que dicha ley otorga a la policía para evitar posibles desbordes de la misma. Para otros está bien que puedan tener mayor respaldo para enfrentar a la
delincuencia. Creo que más que hacer futurología, el análisis debería centrarse en el
más de un año y medio de vigencia de la ley. ¿Abundaron abusos policiales? ¿Si hubo agentes que cometieron delitos, fueron sometidos a la Justicia o no? ¿Si en un enfrentamiento cae abatido un delincuente, la Justicia investiga o no? ¿Se aclararon o no delitos gracias a las facultades que la ley otorgó a la policía? Una disposición que rechazan los impulsores de la derogación de estos artículos, establece que en una actuación policial con heridos o muertos, se presume que los agentes intervinientes actuaron en defensa propia. Pero si se prueba su responsabilidad la justicia los juzgará y eventualmente los condenará. Se trata de una presunción simple que admite prueba en contrario. No es una suerte de patente para actuar impunemente. Nadie puede
estar por encima de la ley. La policía tampoco. Esto no lo dice la LUC, ninguna norma podría decirlo.
Técnicamente las leyes refieren a lo general, las desviaciones las juzga la Justicia. No se debe legislar en atención a casos patológicos, sino en consideración a lo global, en lo que hace al interés general y en este caso, a la seguridad de las personas.
Para combatir una delincuencia cada vez más tecnificada, que muchas veces va más adelante que los medios con que cuentan las sociedades para combatirla, se necesita
una policía, preparada, respaldada y respetada. No una policía con carta blanca para hacer lo que quiera, sino ajustada a Derecho, con todas las facultades y también con todas las limitaciones que disponen las leyes.
Hacer política menor con temas como la seguridad es actuar irresponsablemente y jugar con fuego. Hay vidas inocentes en juego.