DESTITUCIONES POR ACOSO LABORAL

Hace pocos días, tomó estado público la destitución de dos jerarcas de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, hecho que por un lado, nos entristece y por otro, habla bien del funcionamiento de las instituciones públicas y sus dependencias, al investigar los hechos denunciados y proceder de acuerdo a derecho, ejerciendo el poder disciplinario en el correspondiente sumario contra funcionarios de su repartición. Nos entristece, en la medida que ha llegado a comprobarse que, el funcionario público -que fuera objeto de esta conducta inadmisible por parte de estos desleales jerarcas de uno de los Poderes del Estado- no pudo sobrellevar las presiones recibidas y se quitó la vida. Al mismo tiempo y con los resultados de las actuaciones a la vista, nos reconforta saber que los responsables -luego de un debido proceso- han resultado sancionados, en uso de las normas disciplinarias que fueron dictadas en forma general y abstracta y cuya aplicación, depende en todo caso de sus superiores jerárquicos, en nuestro sistema institucional. Desviaciones de conducta, suelen apreciarse en todos los ámbitos, sin embargo son pocos los casos en que se adopta la máxima sanción prevista para quienes revisten la condición de empleados públicos. En el asunto que motiva nuestra opinión, así fue resuelto. Obsérvese que, la decisión adoptada, deja fuera de la función pública y los remueve de sus cargos a estos infames acosadores, por la comprobación de su ilegítimo proceder. Se les aplicó la norma legal como debía ser y ello a nuestro entender refuerza la institucionalidad de nuestro sistema democrático y republicano. Pero aún, más allá de lo decidido a nivel administrativo, se dispuso también que se comunicara a Fiscalía, para la formalización de ambos e instrucción del proceso que puede acarrearles el reproche penal. De modo que debe celebrarse que se ha actuado en la especie, con todo el peso de la Ley y sin perjuicio de las reparaciones de tipo civil en la que pueden verse involucrados, por su ilegítima conducta en contra de sus subordinados por violencia, malos tratos y acoso laboral en esa dependencia del Estado. La extrema gravedad de lo comprobado ha ameritado el resultado que comentamos y motivó además, la renuncia de su inmediato superior jerárquico de cuya confianza gozaran, quien tampoco debía ser ajeno a estos malos tratos y violencia psicológica inaceptables que ha sido ampliamente comprobado que ejercían, generando un clima irrespirable de violencia cotidiana, donde no estaba ausente el abuso de poder ni el manejo arbitrario de las compensaciones por horario extraordinario, jugando con la necesidad de estos trabajadores estatales, obligados a solicitar su traslado al ser objeto de su inaceptable como ilegítimo accionar. La institucionalidad ha quedado resguardada en este asunto, en la medida que se dio curso a las denuncias recibidas y se procedió de acuerdo a derecho, sindicando a los responsables e imponiéndoles las máximas sanciones posibles.