LIBRE, SERIA Y FIRME

Qué difícil es legislar sobre un tema, en principio simple como el final de la vida ya que de tan natural que es, resulta incomprensible. Durante generaciones, se educó a occidente para temer a la muerte y sentir culpa ante todo lo que la misma representa. Hoy, el Poder Legislativo tiene la potestad de aprobar una norma que permita «morir dignamente» lo cual, evidentemente, es una posibilidad y un derecho. Lo que resulta lamentable es que haya quienes estén tomando algo tan definitorio, como si fuese un tema político partidario, pretendiendo quedar bien con algunos entornos o buscando predominar en los conciliábulos del poder. Algunas confesiones ya ponen el grito en el cielo y está muy bien que se hagan escuchar en el debate. Uruguay va a tener su Ley de Eutanasia; todo está dado para que este año culmine con la misma en vigencia. Hace mucho tiempo que se viene hablando sobre el tema e innumerables factores han hecho que recién ahora se esté cerca de la decisión final. En la charla de café o con las estadísticas delante, es fácil pronunciarse. El punto es cuando alguien está ahí, cerca de la frontera de la vida, con un familiar que sufre lo indecible sin solución clínica alguna, consciente o no.  Y peor aún cuando es uno mismo quien está en ese punto. ¿Qué hacen los familiares de un enfermo terminal, del que se sabe que su dolencia no tiene marcha atrás, sin que pueda expresar su voluntad y que está sufriendo hasta el paroxismo? ¿Pide que se le apliquen los cuidados paliativos indefinidamente? ¿Y si los mismos sólo consiguen alargar la existencia sin que el sufrimiento cese? Sería mucho más humano tomar una determinación que puede aparecer como drástica pero llama a una responsabilidad que nadie podría evitar. Por otra parte, ¿qué pasa cuando es uno mismo el que se encuentra en esa situación? En la más absoluta desesperación le pide a su médico que ponga fin a su vida porque le es imposible soportar el tormento. Aquí se abre una especie de procedimiento administrativo, que se aleja en el tiempo de la solución reclamada. Informará a su paciente de los cuidados paliativos y verificará la veracidad del deseo manifestado que debe ser libre, serio y firme. Acto seguido, el galeno tendrá un plazo de tres días para consultar el caso con un colega que contará con cinco días para avalar o rechazar la solicitud de eutanasia. Si hay discrepancia entre ambos la cuestión será sometida a una Junta Médica integrada por un especialista en la dolencia, un médico psiquiatra y un asistente social. Ya ha pasado más de una semana y es probable que el paciente siga igual o peor. Finalmente hay un resultado y siempre es mejor que el mismo provenga de la naturaleza y no de una disertación. En nuestra opinión, la Ley debe ser aprobada. En circunstancias como las que se describen, esa opción debe estar presente, respetando todas las objeciones de conciencia que se puedan presentar. No parece justo que un ser humano tenga que ir perdiendo su dignidad de tal frente a un sufrimiento del que a ciencia cierta se sabe que no va a retornar. No resulta humano someterlo a un suplicio que no tiene razón de ser. No nos parece útil la condición de que solamente le podrá ser aplicada a los mayores de edad que sean psíquicamente aptos. Un adolescente podría requerir también un final digno y la falta de capacidad no debería ser un obstáculo cuando hay una manifestación firme. Sin embargo, cuando la frontera está cerca, nadie sabe cómo va a reaccionar cada uno. La humanidad nos ha sorprendido varias veces en esos aspectos.