TENENCIA COMPARTIDA: NO ES ASÍ NOMÁS
Todavía no están claros los efectos que puede llegar a tener la Ley de Tenencia Compartida. Está claro que tanto nuestra legislación como los Tratados Internacionales a los que Uruguay se ha suscrito, avalan la corresponsabilidad en la crianza. Como ya lo hemos dicho, en condiciones normales, no es algo de lo que alguien se pueda excusar. Si bien los operadores jurídicos van a apegarse al texto legal, en la sociedad persisten serias dudas. La gente todavía no sabe bien cómo se va a manejar todo esto. El proyecto habla casi en exclusividad de «compartir», y eso hace que muchos «se agranden», y se froten las manos ante la esperanza de que esta Ley los ampare, cuando sus conductas no lo ameritan. Lo vemos a diario en los Juzgados de Familia donde aparecen progenitores que quieren imponer su voluntad sin conocer el mandato legal. Lo primero a destacar es que el proyecto contempla la voluntad del menor, siempre de acuerdo a su grado de cognición, lo cual en estos tiempos resulta lógico. Un niño, ya en uso de razón, y más aún un adolescente, en las condiciones adecuadas, tiene todo el derecho de expresar su opinión. El viejo Código Civil, no consideraba al «temor reverencial» a la hora de tomar decisiones; los tiempos, por fortuna, han cambiado y el mutismo de la juventud se fue al baúl de los recuerdos. En todos los casos se impone evaluar la situación. Es de orden. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo se van a resolver aquellos casos en que uno de los padres ha sido denunciado por violencia doméstica. Por cierto, es de orden manifestar que si bien la gran mayoría de los transgresores a esta norma son hombres, también hay damas violentas que han tenido que salir de su hogar por disposición judicial. Si se le estableció un radio de restricción por un tiempo determinado, está claro que hasta que no concluya el perído no podrá ampararse a una tenencia compartida. El tema es ver qué pasa después, cuando los tiempos judiciales ya están cumplidos y todo parece retornar a la normalidad. En esos casos, ¿Debe una mujer o un hombre aceptar en forma pacífica que quien salió de su hogar por actos de violencia deba compartir responsabilidades de crianza? A nuestro juicio, no. Hay mucha más violencia de la que sale a la luz. Es una obligación que no sería posible imponer. Por otro lado, ¿qué sucede con las obligaciones económicas ya impuestas o que se podrían establecer? Parece que las mismas se relativizarían o se harían más flexibles.
