MSP informó que la vacunación en menores queda suspendida «hasta nueva disposición»

Gobierno apelará fallo judicial que prohíbe vacunación a menores de 13 años
El gobierno apelará la resolución. Por los tiempos judiciales, se estima que la medida del juez Recarey estará vigente alrededor de un mes.
La cartera de Salud Pública emitió un comunicado luego de conocida la noticia en el que confirmó oficialmente que acatarán la resolución judicial y que, por tanto, a partir de este jueves las vacunas contra la enfermedad dejarán de estar disponibles para los menores de 13 años «hasta nueva disposición».
«El Ministerio de Salud Pública reitera que cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación del Plan Nacional de Coronavirus fueron basadas en la evidencia científica disponible, amparadas en idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas», señala el texto.
Por último, indican que, dado el escenario epidemiológico actual, el MSP hace énfasis en la importancia de mantener los cuidados no farmacológicos, «especialmente en las poblaciones que no hayan recibido vacunas o que no hayan completado su estatus vacunal»
Detalles de las acciones judiciales ver en https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/respuestas-del-msp-sobre-vacunas-contra-covid-19-administradas-uruguay
En estas acciones el Ministerio de Salud pública.
La resolución fue anunciada este 7 de julio por el secretario y el prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, respectivamente, en respuesta al dictamen judicial conocido en la jornada. El Poder Ejecutivo acata la resolución, pero la apelará de inmediato, indicó Delgado, e informó que, a partir de hoy, las vacunas para esta población dejarán de estar disponibles hasta nuevo aviso.
En la conferencia de prensa, realizada en la Torre Ejecutiva, Delgado dijo que el Gobierno respeta a la Justicia tanto como a la ciencia, por lo que el Ministerio de Salud Pública suspendió de inmediato la vacunación voluntaria a menores de 13 años, como lo dictaminó el juez.
Agregó que se apelará la decisión y que, a su entender, este juez transfirió al ámbito de la Justicia la responsabilidad de una posible afectación de la salud de los menores cuyos padres querían que fueran inoculados.
Informó que están habilitados para recibir su segunda dosis 5.800 menores, muchos de ellos con prescripción médica, además de los que se vacunarían con la primera dosis.
“Los fallos se acatan, pero se pueden criticar, y este fallo es un disparate, que indica que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las farmacéuticas privadas. Esto, para el Gobierno, es un argumento inadmisible”, enfatizó Delgado.
Y añadió: “Como ciudadano y como padre, que un juez suspenda una vacunación voluntaria contra la indicación de la ciencia preocupa enormemente”.
Recordó que este plan fue muy estudiado en Uruguay y avalado por la academia, además de ser totalmente voluntario, con un gran porcentaje de adhesión en el país, lo que posibilitó la situación sanitaria actual.
El jerarca expresó que espera que en pocos días, a partir de la apelación que se presentará, los padres que quieran vacunar a sus hijos puedan hacerlo. El fallo del juez, además de poner en riesgo la salud de los menores, está cuestionando el trabajo de la comunidad científica uruguaya, remarcó Delgado.
Por su parte, Ferrés señaló: “Estamos ante una situación compleja desde el punto de vista judicial, y el fallo, desde el punto de vista jurídico, es un disparate”.
Explicó que, para solicitar una acción de amparo, se debe estar lesionado en un derecho subjetivo y que, en este caso, se interpuso la de una persona por sí y representando intereses difusos. “Eso es una falta de legitimación para actuar”, señaló. Además, detalló que para hacerlo hay un plazo de 30 días desde que puede haber peligrado un derecho, y la vacunación a menores comenzó en el mes de enero de este año.
Asimismo, mencionó que fijar y conducir la política sanitaria son cometidos del Poder Ejecutivo, por lo que se apelará de inmediato.
