Comienza la pelea dialéctica

La lucha ya está instalada en la opinión pública y los dos bandos se hayan lo suficientemente definidos como para saber quién es quién y a dónde se dirige cada uno. Ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos: esta instancia electoral habrá de marcar el rumbo de todos los uruguayos. Si ganan las fuerzas que hoy están integrando la coalición gobernante, la Ley de Urgente consideración, Ley de Derechos, no lo olvidemos, se constituirá en su totalidad en la hoja de ruta del actual gobierno de aquí al final del período. Es bueno recordar que ya viene surtiendo sus efectos en las áreas más urticantes y por cierto que los mismos no son nada malos. De a poco se han ido palpando los resultados.

Si el triunfo le corresponde a la actual oposición, los integrantes de la misma sentirán que le asestaron un mazazo al gobierno de Luis Lacalle Pou y, seguramente, tendrán la sensación de haberlo derrocado de antemano. Vamos por parte. Uno de los aspectos más importantes de la Norma en cuestión, es el que hace referencia a los temas de seguridad. Todos los uruguayos reclamaron cambios al respecto. Obviamente que los únicos que se abstuvieron de pedirlos fueron los propios delincuentes que sabían lo que se les venía encima. Y así fue.

El estado de cosas que regía era insostenible y todos, sin diferencia de colores, teníamos en claro que había que se imponía un cambio y era necesaria una voluntad política para hacerlo. Uno de los primeros aspectos que había que tener en cuenta, era la situación de la propia policía ya que la misma tiene la misión de proteger a la sociedad poniendo a los delincuentes a raya. Entonces, se tornaba imprescindible conseguir la confianza de la sociedad en el uniformado. Vaya, desde ya, nuestro rechazo más absoluto al «gatillo fácil»; no aceptaríamos jamás algo de esa naturaleza.

Lo que resultaba necesario implementar algunas figuras jurídicas que permitieran que el trabajo policial se volviera realmente efectivo y, sobre todo, que tuviera sentido. De ahí surge, ampliando lo establecido para el delito de «desacato», la penalización de la «resistencia al arresto». No es un punto que vulnere lo que prescribe la legislación ni los tratados sobre los Derechos Humanos ya que lo que se necesita es el respaldo hacia la policía en el procedimiento y esta Ley así lo consagra.

Hay normas para la actuación y protocolos; y los mismos deben ser aplicados. Por otro lado, se crea el delito de «agravio a la autoridad policial» y nos preguntamos: ¿hasta cuándo la policía tenía que quedarse con los brazos cruzados mientras unos cuantos le proferían todo tipo de insultos? No sin dolor, hemos llegado a ver padres enseñándoles a sus hijos una sarta de disparates para espetárselos a la policía que tenía que permanecer impávida escuchando el rosario de quienes no conocen las leyes o quieren proteger a los delincuentes. Otro tanto pasa con el «Registro de Personas», ¿En qué país del mundo se acepta que la policía no pueda registrar personas y vehículos mediante normas establecidas que garanticen el respeto y la seguridad? ¿De qué manera podrían hacer su trabajo si se les impide realizar el más normal de los procedimientos? y, en especial, ¿Quién puede negarse a ser registrado por un agente del orden sin no tiene nada que ocultar? Por otro lado, una acción como la del famoso Morabito ya no tendrá cabida en nuestras cárceles; la auto evasión ya está considerada un delito.

Aunque no se causen daños materiales ni personales, quien intente fugarse de un establecimiento penitenciario estará cometiendo un delito. Antes, a quien pretendía fugarse, cuando era capturado se le enviaba a prisión para que cumpliera el resto de la pena.

Ahora la fuga le agrava la condena y puede estar más tiempo encarcelado. Son estas alguna de las modificaciones que la gente reclamaba. No hay inventos. No se estamparon porque sí; había poderosas razones para hacerlo. Y se está haciendo. Ya analizaremos otros cambios de los que van a ser defendidos el 27 de marzo.