Una medida polémica

Ante todo, siempre, hay que dejar las cosas en claro para evitar suspicacias, de esas que llevan a algunos a opinar a la ligera sobre lo que otros expresan. Por esa razón, desde ya, vaya nuestro máximo respeto a los ciudadanos que, integrando uno de los poderes del Estado, tienen la noble tarea de impartir Justicia. Desde hace años hemos estado mano a mano con ellos y en diversas ocasiones discrepamos con sus veredictos canalizando nuestros desacuerdos a través de los medios establecidos para hacerlo. Hace pocos días nos enteramos que uno de los comunicadores más conocidos de este país fue objeto de una medida de allanamiento solicitada por una representante del Ministerio Público, debido a la difusión, en su programa radial, de una serie de audios referentes a un delito sexual. La Fiscal, al emitir la orden de allanar a una emisora de radio, si bien tenía que investigar un caso muy grave, nada menos que la presunta violación de una mujer por parte de tres hombres, pareció ignorar la Convención Americana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa en cuanto al Derecho de un periodista de mantener en reserva sus fuentes de información. El propio Fiscal de Corte, ciudadano conocido y respetado por todos, consideró como «absolutamente innecesaria» la medida tomada. Es complicado. Hay que entender también que la Fiscal tenía el deber de ir a fondo para establecer las responsabilidades que correspondieran y fue hacia delante en la forma en que la sociedad, muchas veces, les pide a los Fiscales que vayan. ¿O acaso la gente no reclama que se actúe con más vehemencia cuando la ocasión lo amerita? El tema es que aquí, estaban en juego otros valores que también necesitan ser custodiados. Si la prensa no cuenta con cierto nivel de protección, la tarea que desempeña, que es beneficiosa para todos, empieza a desvirtuarse, y si hay algo que no puede suceder en una Democracia es precisamente eso. La orden de allanamiento incluía también el celular del periodista, lo cual significaba que todos sus contactos y cuestiones personales iban a ser ventilados, más allá de la cautela con la que se actúa en estos casos por parte de la Policía Técnica. O sea que, en lugar de citar al periodista y preguntarle en forma directa lo que se quería saber, se entendió que lo mejor era periciar su teléfono celular. El comunicador no tenía intenciones de entregar su móvil porque entendía que no podía faltarles el respeto a sus fuentes y hubo una marcha atrás en lo que a eso respecta. El propio Fiscal de Corte, llegó a decir que ya no se habrá de poner en práctica esta clase de procedimientos. En definitiva, no se trata de decirle a los Fiscales cómo deben trabajar y de qué forma tienen que llevar adelante sus investigaciones. Pero sí de solicitarles apreciaciones más abarcativas de la realidad sobre la que deben proceder lo que implica, en todos los casos, tener en cuenta todos los elementos que inciden en los mismos y que pueden tener otras repercusiones, diferentes a las previstas.