LA MEDIOCRIDAD DE LAS AUTORIDADES GENERA UN ESTADO AUSENTE

Cuando quien o quienes son designados para dirigir las principales entes o empresas del estado y sus servicios, son de escasa formación y/o experticia para el cargo, terminamos con una ausencia del estado en sus obligaciones básicas y estratégicas para lograr el beneplácito de los contribuyentes, que somos los verdaderos dueños o damnificados de sus resultados.

Por lo tanto la designación por voto popular y/o por quienes son ungidos por el mandato popular no admite improvisaciones o privilegios, que pongan en peligro los resultados de la gestión que comienza, ya tenemos demasiados antecedentes de la existencia de incapacidad personal o en equipo, para enfrentar los desafíos del cargo asumido.

No podemos esperar resultados auspiciosos cuando los conductores de los procesos no están a la altura de la función asignada, ahí comienza la renuncia de las obligaciones y lo más fácil es la contratación de agentes privados, que les reemplacen en sus responsabilidades.

Perfectamente un gobierno podría pensar como Mileí; considerar el estado como un estorbo, haciendo un traslado de todas sus funciones en la actividad privada de acuerdo a la disponibilidad de recursos, pero seguramente los gestores privados que tienen como fin el lucro, aprovecharían la situación para aumentar sus ganancias en una selva de ofertantes deseosos de obtener pingues retornos.

Esta postura tan extrema tiene espacio para decisiones intermedias y paulatinas donde los encargados de la gestión van privatizando de a poco hasta llegar a la situación actual, donde las empresas proponen el proyecto a realizar, mientras el estado duerme la siesta de los inútiles aunque siguen cobrando el sueldo, como si fueran ellos quienes generan la propuesta.

Es lamentable que quienes deben hacerse cargo de la gestión de las empresas públicas y/o los servicios estatales se conforme con estudiar las propuestas privadas aceptando por supuesto el lobby e incluso algún incentivo personal, que les ayude aceptando con mayor énfasis el proyecto novedoso e imprescindible, ¡ para saciar la demanda ilimitada de los inconformes contribuyentes¡.

Les recuerdo que este tipo de iniciativa privada fue aprobada en el año 2002 en plena crisis económica y como forma de reactivar una actividad económica paralizada, y la inexistencia de los mecanismos acostumbrados de financiación, por lo tanto ya sería tiempo de su eliminación o modificación.

La mediocridad de los agentes de gestión nos enfrentan con una realidad tan pobre en ideas e inclusive en la detección de las necesidades básicas que demanda la sociedad, que como siempre es más fácil que los agentes privados determinen la agenda, mientras los responsables duermen la siesta del burro en sus sillas ergo métricas y con los aires acondicionados al mango. A esta altura las empresas privadas de gran tamaño deben tener un departamento de innovación y desarrollo, para detectar las fallas del estado en la no solución de los problemas básicos de la comunidad, haciendo propuestas novedosas o no tanto y así conseguir financiamientos externos o internos, para luego recibir abultadas remuneraciones por el proyecto; a causa de la negligencia de quienes cobran excelentes sueldos, para acometer obligaciones que al final dejan en manos privadas. Todos sabemos el jugoso contenido monetario que significa a las empresas la obra pública y cada día los designados le van dejando el campo orégano, para sus tercerizaciones primero y ahora esta forma ignominiosa de proponer para hacer lo que sería resorte de los demandantes y se transforma en la voluntad con sus condiciones o condicionantes de parte del concesionario.

Ustedes me dirán que es peor lo que sucedió con el plan condorito lo llamaría, cuando la empresa Odebrecht desplegó por toda América del sur una estrategia de compra de voluntades relacionadas al poder de turno, para lograr sus ganancias desde la obra estatal o paraestatal e inclusive creando un departamento interno con gerencia, para tramitar o aprobar las comisiones .

Los tentáculos de la empresa brasilera llegaron al río de plata, sin entrarse en el interior, porque el gobierno argentino de la época creo un señor Lázaro Báez que de Lázaro no tenía nada e hizo su propio negocio, con pingues ganancias desde la obra pública y con la complicidad estatal.

Parecía más prolijo Wasmosy el presidente paraguayo, que argumentaba que las obras grandes las hacía su empresa sin licitación mediante, porque era la única de su país que podía afrontar el proyecto por su dimensión que se alejaba del resto de posibles ofertantes, un mamarracho desembozado y sin pruritos. Lo creado para una situación particular o coyuntural se instaló como modo operante; felices los directores de los entes o empresas públicas o el propio gobierno central, solamente deben sentarse a esperar las propuestas de los innovadores y quizás más sensibles con los grandes problemas del país, para adjudicar los fondos estatales y si se quedan cortos con un aumento del endeudamiento del país; está todo arreglado, así es fácil gobernar.

Si para muestra hace falta un botón les nombro dos proyectos de iniciativa privada que con sus diferencias están en la palestra pública y genera grandes reparos en cuanto a sus consecuencias ambientales y/o económicas: la planta de tratamiento de residuos domiciliarios de Olmos y el proyecto Arazatí de suministro de agua potable.

La ley 17555, en primer lugar determina que la iniciativa privada para contratos públicos “no puede ser una obra que se encuentre en estudio por el organismo estatal”, situación que se cumple en los dos casos, por lo tanto simplemente las empresas o consorcios tomaron los intentos o fracasos de los organismos estatales, para acometer una propuesta ventajosa para sus intereses, adornada con beneficios sociales y/o económicos para la población y omitiendo lo más posible los efectos negativos.

En segundo lugar la ley prevé como excepción, por la cual no entraría en este tipo de acuerdo, aquellos aspectos esenciales y estratégicos de la agenda nacional, que no admiten ser atendidos por terceros por ser considerados de resorte irrenunciable por el estado, lo que en el caso del agua no hay duda alguna que lo es, porque nos va la vida.

Lamentablemente la ciudadanía uruguaya se encuentra en el presente ante dos propuestas de largo plazo que hipotecan recursos y poder de decisiones en dos aspectos cruciales para la vida, la salud y el bienestar de gran parte de sus ciudadanos contribuyentes, y todo por la negligencia de sus autoridades de turno, que han generado un estado ausente en obligaciones que son esenciales.

La presencia comprometida y responsable de una gestión sin claudicaciones hubiera evitado llegar a la situación actual de rispidez y encono entre la sociedad con los empresarios, pero jamás podrán no hacerse cargo de su responsabilidad tácita de dejar a la población frente a un estado ausente, mientras siguen cobrando su sueldo como sí hicieran sin hacer. Espero que el pueblo no olviden a quienes han contribuida al desahucio de la responsabilidad estatal y no les premien con sus votos, incluso deberían dejarlo desde ya denunciando los omisos gestores ante el escarnio público, por mediocres o usurpadores de la inanición, verdaderos responsables de la falta de devolución con bienestar a quienes contribuyen con sus recursos al erario público.