ENDEUDAMIENTO CON MAYORIAS ESPECIALES

Nuestras normas constitucionales, exigen conformar mayorías especiales de los órganos de contralor, cuando el pago de los préstamos que se solicitan -generalmente para obras de infraestructura- exceden el período de gobierno. Efectivamente, esto ha ocurrido hace pocos días, cuando el gobierno departamental de Montevideo, obtuvo los votos que le faltaban para llegar a esa mayoría y así obtener los preciados “recursos extra” con la aquiescencia de la Junta Departamental. Logro estimado como no menor, en tanto y en cuanto le brinda al Ejecutivo Departamental, los medios económicos para implementar obras que se requieren en el departamento desde hace tiempo, nada menos que donde reside casi un cincuenta por ciento de la población total de nuestro país. A ningún observador medianamente informado puede escapar el grave deterioro que tiene nuestra ciudad capital y sus áreas circundantes. Pero lo que realmente molesta cada vez más y no se alcanza a comprender, porqué razón no le son suficientes los 900 millones de dólares anuales que recauda la Intendencia, para encarar definitivamente con eficacia y eficiencia los problemas de infraestructura que debiera atender en beneficio público. Se han sucedido gobiernos frentistas, desde 1990 a la fecha y lustro tras lustro, ejercitan el poder con muy poco respeto por la población que sostiene su presupuesto de funcionamiento y a ojos vista, lo que se destina a obras, resulta por demás insuficiente para atender ni medianamente, las necesidades que se padecen. Por más que se analice políticamente la conducta de los legisladores departamentales (Ediles) que prestaron su voto al oficialismo, lo decidido nos afectará, más allá del actual período de gobierno y solo nos queda la esperanza del buen uso a darse a estos dineros. Las responsabilidades políticas en lo que tiene relación con la toma de decisiones, implementación de obras y su real puesta en funcionamiento, terminan diluyéndose. Los resultados esperados o prometidos para lograr esas voluntades, en muchos casos no llegan a concretarse, ni a satisfacer siquiera a quienes como siempre, serán los que habrán de pagar con sus “impuestos, tasas y contribuciones” el “pato de la boda”. Para luego enterarnos de la omisión de pago de quienes debieran -por sus responsabilidades de gobierno- ser los primeros en estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Hasta cuándo la ciudadanía soportará estas situaciones tan incomprensibles como aberrantes, no lo sabemos. Hasta cuándo se utilizará la costosa infraestructura burocrática como trampolín para cargos nacionales, en desmedro de la población. Población tanto urbana como rural, que merece se le considere acreedora de una mejor calidad de vida. Hasta cuándo se seguirá actuando en perjuicio de una ciudad capital cuyas potencialidades -otrora destacadas- se han visto notoriamente disminuidas por no atenderse lo más básico, como es la recolección de residuos, las plazas y veredas, el alumbrado público, la disposición final del saneamiento. Será tarea del contribuyente montevideano -de frágil memoria- exigir de una vez por todas, la correcta aplicación de estos recursos.