¿NO SERÁ DEMASIADO?
En todo país democrático, los ciudadanos tenemos derechos y también tenemos obligaciones. El usufructo responsable de los derechos es la forma de actuar con madurez. El límite de los míos está donde comienzan los de los demás.
Las organizaciones sindicales de los trabajadores no sólo son un derecho para ellos, sino también una necesidad de la sociedad. Si cuando se dirimen intereses contrapuestos, una parte es más fuerte que la otra, seguramente el resultado será injusto para el más débil.
Si las direcciones empresariales, públicas o privadas, y las direcciones sindicales de sus trabajadores tienen fortalezas equivalentes, fruto de negociaciones, que a veces no son fáciles, a la larga se llegará a un acuerdo. Siempre habrá para cada parte avances y concesiones.
Actualmente está consolidado y fuera de toda discusión el derecho de los trabajadores a sindicalizarse.
Ahora bien, ningún derecho propio puede vulnerar el derecho de los demás. Desde hace algún tiempo – coincidentemente con el advenimiento del nuevo gobierno- se han registrado varios desbordes que han ido más allá de lo que razonablemente cabía esperar. Porque en definitiva afecta el derecho de todos a no tener inconvenientes a causa de decisiones de un pequeño sector respecto a la totalidad de la población. Ha habido casos en que se registró una notoria desproporción entre la causa y la medida. Fueron varios, pero a título de ejemplo citaré sólo dos por ser los más recientes. El primer tiene que ver con el anunció según el cual que podrían faltar algunos productos de CONAPROLE por medidas sindicales. La causa fue que a un funcionario, la empresa le cambió el horario de trabajo. Si el gremio entendía que se violó algún derecho, lo normal era hacer el planteo ante quien adoptó la medida y no llegar a un extremo que a la postre, perjudica a la propia empresa, que se supone defienden porque de ella depende sus sustento; perjudica a los comerciantes que se privan de ventas; por último y lo más importante perjudica a los consumidores. Me pregunto si entre la razón que se esgrime y la medida que se toma hay una razonable correspondencia o es una considerable desproporción.
Segundo caso: Lugano el ex capitán de la selección uruguaya de fútbol, fue a visitar la planta de portland de ANCAP en Lavalleja. Lo hizo porque es parte de una empresa que compite en ese rubro con el Ente estatal. Ante una idea que se manejó inicialmente de propiciar la participación de capitales privados en la producción de portland por parte de ANCAP, el sindicato que está radicalmente opuesto a tal posibilidad, y tiene derecho a tener esa visión, entendía que dicha visita tenía por objeto conocer la realidad de la planta para eventualmente formular una propuesta. Muy lejos aún de
ello y de muy dudosa concreción. Pero por la dudas la medida fue el paro. No sólo eso, amenazaron con parar no ya un día sino la producción ante el mero hecho que haya otra visita a la planta. Deben pensar que son los dueños de la empresa y por lo tanto tienen el derechos de decidir quién entra y quién no. No se ubican en el hecho que al fin y al cabo son empleados y que ANCAP es de todos los uruguayos. Entienden que el Directorio legítimamente designado por un gobierno legitimado por la voluntad popular y con venia del Senado de la República, está pintado. Si esa es la forma que tienen de defender las empresas públicas, como es una proclama muy reiterada del sindicato, hay algo que no logro entender. No sé cómo se puede defender algo al tiempo que se le impide producir. No sé cómo se puede afirmar que se defiende el interés de la población si se le obliga a subsidiar esa producción pagando sobreprecios, para mantener actividades que trabajan a pérdida al tiempo que no se admite la posibilidad de buscar alternativas. No percibí la misma preocupación por la defensa del ente cuando perdió más de 800 millones de dólares.
Con estos ejemplos y muchos otros, me parece que la pregunta del título tiene una clara respuesta.