COSTOSO ABUSO DEBE RESARCIRSE

La demanda promovida por ANCAP para recuperar la nada despreciable suma gastada sin justificación valedera alguna, por quien ocupara la Presidencia de esta empresa pública, es la natural consecuencia del uso abusivo de las tarjetas corporativas, que dejó al descubierto la falta de controles y la total impunidad y falta de respeto a las normas legales, con que se manejaba este funcionario. El mismo personaje que, pasará a la historia nacional, por haber utilizado un título universitario que jamás obtuvo, de una especialidad que nunca cursó (pese a que, quien lo sustituyera afirmara descaradamente haber visto el “cartoncito” y hasta una “medalla de oro” por sus logros académicos) y en particular, protagonizar el escándalo de haber tenido que renunciar nada menos que, al desempeño de la vicepresidencia de nuestra República. Como defensa, este infiel ex funcionario arguye que, la acción resarcitoria de la que se le confirió traslado, es “lesiva” hacia su persona y que “graves irregularidades, afectan su validez” y argumenta que ha “prescripto” la posibilidad de demandarlo, por haber transcurrido más de cuatro años, término que el legislador establece para promover válidamente acciones por “responsabilidad extracontractual”. Habiéndose probado y comprobado el uso abusivo de estas tarjetas de crédito, que utilizó en más 300 oportunidades, tanto en nuestro país como en el exterior, sin contralor alguno, en beneficio propio y en desmedro de la empresa pública que presidía, resulta inadmisible y hasta escandaloso, que pretenda burlar el resarcimiento de la suma de dinero que se le reclama, entre otras cosas porque jamás logró justificar esas compras de bienes ni el pago de servicios, con un claro enriquecimiento ilícito y a la vez injusto. Será la Justicia la que establezca si procede o no la excepción de prescripción que alega, no debiéndose aplicar a nuestro leal saber y entender, en este asunto el término corto que argumenta, ya que su obligación es de tipo personal y no extracontractual y muy otro es el lapso que debe transcurrir para interponerlo como defensa. Utilizó en forma abusiva de dineros propiedad de todos los uruguayos, sin pudor alguno, como si la retribución mensual por el desempeño de su alta investidura no le hubiera permitido afrontarlos de su propio peculio. Una verdadera vergüenza. Una afrenta al orden moral y jurídico que no se alcanza a comprender y que solo puede llegar a justificarse por una desmedida e ilegítima ambición, la que finalmente, “rompió el saco” como enseña el refrán popular. Resulta que, quien debiera ser el primero en proteger el patrimonio de una de las mayores empresas públicas de nuestro país, fue el causante de un daño patrimonial, el que ahora, pretende infamemente desconocer. Ello por cierto, es a todas luces no sólo inadmisible, sino inaceptable. Existió una apropiación en su exclusivo beneficio, de dineros públicos, que no se corresponden en absoluto, con los admitidos legítimamente para el ejercicio de la alta función, que se le confió y con la que se le había honrado