¿Quién paga la fiesta?

Los entendidos, que en este país son muchos y están en todos lados, dicen que el Uruguay se ha convertido en un «narcoestado» y que el prestigio que ganamos durante décadas de observar una política internacional clara y sin reveses, se está perdiendo. No puedo asegurar que sea así exactamente, aunque todos sabemos que aquí, la droga corre sobre pistas seguras, entra, sale, se comercializa y se lava dinero. No vamos a dar ejemplos para no herir susceptibilidades, pero cuando se ve la proyección de determinados negocios y comercios, mucha gente dice: «esto es un lavado». La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organismo que no todos conocen y que deberían conocer, ha advertido de los peligros que corre el país con la droga. No todos parecen advertirlo. El crimen organizado avanza a pasos agigantados y sobrevuela la sensación que los sectores políticos conocen dicha realidad y miran para otro lado. Y tales son los avances de las mafias que han horadado la política y de ahí que se busque controlar el financiamiento de los partidos ya que hay evidencias de que muchos reciben, o recibieron, fondos de esta clase de organizaciones. Un escolar sabe de sobra, que si los narcos financian una campaña política, no es por lo lindo de la bandera de ningún partido; es, ni más ni menos, para conseguir prebendas de todo tipo, ventajas a granel, exenciones y muy especialmente inmunidad y libertad de acción para continuar con su negocio. La normativa en vigencia establece una serie de definiciones que van desde lo que son los Partidos Políticos, para qué sirven y hasta lo que tienen que hacer con su dinero. Los obliga hasta a hacer inventarios de bienes y les dice que serán «ayudados por el Estado». Aunque pueda considerarse una tomada de pelo, está bien que así sea. Fortaleciendo las colectividades políticas se fortalece la Democracia y por ende se afianza la Libertad. Es la Corte Electoral la que tiene que llevar adelante el control del financiamiento de los partidos, en el entendido, suponemos, que cuenta con la suficiente idoneidad, como para desempeñarse en una tarea de ese tipo. Por otra parte, se genera la duda sobre cómo debe proceder la autoridad electoral en el caso de que un partido o sector político reciba fondos del narcotráfico, máxime cuando los colaboradores  revisten la calidad de «empresarios». Así lo manifestó el Diputado Eduardo Lust quien narró a un medio noticioso haber sido encarado por dos empresarios que le ofrecieron plata para su campaña. La respuesta del legislador fue de rechazo a la oferta. Sin embargo, llama la atención una acción tan directa cuando, por lo general, las acciones de dichos grupos se realizan en las sombras. El tema es que América del Sur está en peligro. Por ejemplo, el hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia fue acusado por lavado de activos y dijo que la campaña presidencial de su padre había sido financiada por los narcotraficantes. Él mismo, el hijo, había recibido la ayuda. En Argentina, teniendo en cuenta la terrible situación de la provincia de Rosario, la situación es más que grave. En Uruguay, el caso Marset, sobre el que han corrido ríos de tinta, pone al país en la consideración de la Comunidad Internacional y no precisamente para bien. En menos de dos meses estaremos votando y nadie tiene en claro cómo algunos llegan al poder y otros no. Se podría decir que en una República es cuestión de votos. Nos preguntamos si el poder político podría hacer algo más serio para enfrentar este tema. A menos que se piense continuar negociando con cierta clase de individuos.