La resolución de la institucionalidad científica demanda un plazo superior a los seis meses

El artículo 73 de la Ley de Presupuesto N° 20.446 confiere al Poder Ejecutivo, en colaboración con el CONICYT, la tarea de desarrollar, en un período de 120 días, un proyecto de ley integral concerniente al diseño institucional del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).A lo largo de mi trayectoria profesional, he dedicado una parte considerable de mi vida a la actividad científica. En este contexto, ocupé la totalidad de los cargos del escalafón en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y participé en diversos órganos directivos de instituciones nacionales con competencias en el desarrollo y/o ejecución de la investigación científica. Actualmente, aunque desvinculado laboralmente por motivos reglamentarios, mantengo mi actividad como Investigador Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigador Emérito de PEDECIBA. En virtud de lo expuesto, considero imperativo expresar mi perspectiva sobre esta materia. Si bien reconozco ciertas reservas, y considerando que el diseño institucional en cuestión impactará predominantemente en las generaciones futuras y no en la mía, ostento la ventaja de poder emitir una opinión desprovista de sesgos derivados de intereses personales, vínculos institucionales o filiaciones partidarias, lo que me permite analizar la situación sin adherencia a esquemas preestablecidos.Ante esta exigencia legal, los delegados de los investigadores ante el CONICYT convocaron a sus representados para recabar sus opiniones. Es pertinente destacar la labor de los Dres. Randall y Achugar por su ejemplar ejercicio de la democracia representativa. En este contexto, se destacó la intervención del Dr. Markarian, quien argumentó la inviabilidad de abordar una cuestión de tal trascendencia en un plazo perentorio de seis meses.Aplaudo la posición de Markarian. La institucionalidad de la ciencia constituye una cuestión de demasiada relevancia para ser abordada de manera precipitada tras un prolongado período de desatención. Una política científica constituye una política de Estado, fundamentada en el consenso y orientada a una proyección a largo plazo. Actualmente, coexisten diversas perspectivas entre los actores directamente involucrados, tales como la Academia de Ciencias, el colectivo de investigadores científicos (investiga.uy) y los representantes del sistema político. Dichas posturas no siempre exhiben coherencia, por lo que se precisa un tiempo adecuado para la síntesis de las divergencias y la articulación de la solución más pertinente para la coyuntura actual.Merece mencionarse que, durante la mencionada reunión, el Dr. Tancredi presentó una propuesta que focaliza la institucionalidad en la creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Asimismo, otros investigadores manifestaron diversas opiniones sobre aspectos específicos de la institucionalidad o diversas reivindicaciones. Sin embargo, no se abordó la imperiosa necesidad de adaptar ciertos actores clave del ámbito científico —especialmente la Universidad de la República (UDELAR), que congrega a más del 80% de los investigadores clasificados en el SNI— con el fin de articular un sistema coherente que impulse eficazmente el desarrollo científico nacional.A mi juicio, este aspecto, que se pasó por alto en la reunión, reviste una relevancia primordial. Su falta de consideración condena al ámbito científico a mantenerse en el statu quo. La participación de los científicos de la UDELAR es fundamental; no obstante, su estructura organizacional se revela obsoleta, inadecuada y con una notoria carencia de recursos para sustentar el desarrollo científico en el país.La obsolescencia se deriva de una estructura federal basada en una división por carreras profesionales “liberales” de corte clásico. Dicha configuración evoca el modelo de la Universidad “napoleónica”, concebida para la Francia republicana emergente. Dos siglos y medio después, el contexto global ha experimentado transformaciones sustanciales, particularmente en los ámbitos de la Ciencia y la Tecnología. A modo de ejemplo, durante los 67 años de vigencia de su ley orgánica, han emergido diversas Facultades que, a causa de la rigidez normativa, no poseen representación formal en el Consejo Directivo Central. La Facultad de Ciencias, donde se desempeña el 50% de los miembros de investiga.uy, es un caso paradigmático.La inadecuación radica en que esta estructura, al priorizar la educación terciaria orientada a profesiones económicamente productivas (cuyo enfoque ha sido frecuentemente histórico), restringe la dedicación del personal docente a la investigación científica y a la formación de posgrado. No obstante, el perfil es heterogéneo, por un lado los centros más avanzados como Ingeniería o Ciencias muestran una organización que lucha contra el corsé, otros como Medicina, muestran una clara partición entre las disciplinas básicas y las clínicas. En ausencia de dedicación total, la investigación clínica brilla por su ausencia y, como ha sido evidente recientemente en un episodio vergonzoso para la UDELAR protagonizado por un Profesor de Clínica Médica, a veces ni el horario universitario se respeta. La organización basada en carreras liberales cuyos egresados son un cuarto de la dirección universitaria sesga las decisiones a favor del corporativismo laboral, no solo por sus opiniones, sino también por la creciente influencia sobre el orden estudiantil.Es evidente que los recursos universitarios actuales resultan insuficientes para sostener un sistema científico que converja con los estándares prevalecientes, tanto a nivel global como regional. La asignación de recursos destinada a la dedicación exclusiva, un régimen indispensable para la consolidación del desarrollo científico, se encuentra considerablemente por debajo de la demanda existente, a pesar de los esfuerzos desplegados por las sucesivas administraciones universitarias. El financiamiento de la formación de posgrado, mediante un sistema de becas, es crucial para el incremento del número de investigadores científicos hasta lograr una masa crítica en términos de cantidad, productividad y organización que garantice su continuidad autosostenible.En síntesis, para garantizar una institucionalidad científica robusta, la Universidad de la República (UDELAR) debe desempeñar un papel activo, lo cual requiere una reforma de su propia estructura institucional. Este proceso, excede un horizonte temporal de seis meses. Además, implica una dedicación de recursos que hoy la UDELAR no tiene, y difícilmente tenga en el futuro, a la investigación cientifica y a la formación de postgrado.En segundo lugar, con respecto a la propuesta del Dr. Tancredi, no la creo plausible. Una cartera ministerial, que previsiblemente será percibida con menor jerarquía en comparación con el Ministerio de Economía y Finanzas, no podría ofrecer más que enunciados grandilocuentes y conlleva una estructura contable burocrática, dependiente de la Contaduría General de la Nación, la cual, según mis vivencias en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, demuestra una habilidad particular para obstaculizar cualquier gestión relevante, incluyendo las indispensables para la compra de suministros esenciales. La centralización de la actividad científica en una cartera ministerial se orienta más a la formalización de una justificación para la escasez de recursos que a una genuina apuesta por el desarrollo. Siguiendo la máxima de “El Gatopardo”, esta medida implicaría un cambio superficial que mantendría el statu quo, lo que, a su vez, conduciría a un deterioro progresivo de la situación. Ante este panorama, ¿cuál sería la alternativa? Ese será el tema de mi próxima nota.