DEFENSA SOBERANA DE NUESTRO TERRITORIO

El anuncio de la adquisición por parte de nuestro Estado a Brasil, de seis aeronaves de guerra A-28 modelo «Super Tucano» por cien millones de dólares -para actualizar la flota de la Fuerza Aérea Uruguaya y así ejercer el poder de imperio en nuestro espacio aéreo territorial- ha generado críticas por parte de legisladores frentistas, las que deben ser calibradas en su real dimensión. Integrantes de una fuerza política que gobernó nuestro país por tres lustros con mayoría absoluta en ambas Cámaras y que dejaran el poder con un déficit histórico, ahora frente a esta saludable noticia hablan de «prioridades» y de un «gasto excesivo» que «no lo pagará quien compra». Críticas que sólo pueden llevar a risa a los lectores medianamente memoriosos. Son «críticas» teñidas de una clara, como inconsistente intencionalidad política, en el año electoral en el que pretenden volver a ser gobierno. Según ha tomado estado público, no se adquirían unidades de vuelo de esa naturaleza y carácter desde 1981 y según se ha anunciado, también se adquirirán naves de patrullaje en España y tecnología para poder –efectivamente- defender nuestras fronteras y territorio nacional. Ese «Uruguay Vertical» que se proyecta hasta unos doce kilómetros en cuanto al espacio aéreo y en materia marítima, hasta cuatro mil doscientos kilómetros de nuestras costas al mar territorial. Espacios donde nuestro Estado, debe estar presente, para ejercer su soberanía y poder de imperio, con equipos que nos permitan hacer cumplir la Ley, y controlar no sólo nuestras fronteras, sino además, nuestras riquezas pesqueras. Sin el equipamiento adecuado, nuestras Fuerzas Armadas, tanto aéreas, navales como terrestres no pueden actuar en su función de policía en sus respectivas jurisdicciones, ni menos cumplir con las disposiciones legales vigentes. Ya era tiempo de tomar una decisión en este sentido. En una muestra más de determinación y compromiso, este gobierno busca dotar a nuestra República de estos recursos defensivos y disuasivos. Siendo nuestro Estado uno sólo, no resulta extraño para nadie que, las obligaciones financieras y contractuales que se asuman por los Poderes Públicos, al adquirir estos equipamientos, habrán de ser honradas por los gobiernos que se sucedan hasta el cumplimiento total del precio acordado. Esto, que no es ninguna novedad, supone saber que parte de nuestras contribuciones y tributos durante el tiempo en que se convenga cancelar esta compra, van a destinarse a equipar a nuestras fuerzas militares en defensa de nuestra soberanía y del interés general. Muy distinto a tener que capitalizar empresas monopólicas cuasi fundidas por mala administración o el pago de equipos adquiridos, que nunca se instalaron o intereses de una deuda externa multiplicada enormemente en sus quince años de gobierno. Celebremos la decisión de estas compras, las que redundarán en mayores beneficios para nuestro país, y antes de criticar alegre e interesadamente, digamos a la ciudadanía cuál es la verdadera situación de orfandad en equipamientos militares, que se busca revertir.