INTERÉS PÚBLICO y NUEVAS AUTORIDADES

A pocos días de asumir el nuevo gobierno nacional, que regirá los destinos de nuestro país por cinco años (hasta el 1ero. de Marzo de 2030) se han comunicado los nombres de quienes serán las nuevas autoridades, tanto dentro del Poder Ejecutivo, como de los demás entes y empresas públicas, así como de los organismos de contralor, los que tendrán la responsabilidad de aplicar las directivas políticas impulsadas por el partido ganador que integran, en todo de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales que rigen a nuestra República. Muchos de los que aceptaron su designación para ejercer esos cargos, han sido históricamente parte, no sólo en los partidos políticos (autodenominados “progresistas”) sino también, en gremios afines al conglomerado de “izquierdas” que supo recuperar el poder tras cinco años de gobierno de la Coalición Republicana. Cabe preguntarse si, llegados al poder en las áreas de mayor o menor incidencia en las que les toque actuar, guardarán el necesario equilibrio y la ecuanimidad suficiente, para poder adoptar resoluciones que, fundadas en derecho, tengan por finalidad el “interés general o público” o habrán de sucumbir a su ideología o lo que es peor, a preconceptos “de clase”, que han esgrimido sin descanso, contra de las políticas impulsadas por quienes integran el gobierno saliente. Pues la cuestión no resulta menor. Se trata nada menos que de impulsar la aplicación de políticas que, efectivamente beneficien a la sociedad en su conjunto, respetando en todo caso, los pronunciamientos del Cuerpo Electoral en las consultas que se le han planteado en el sano ejercicio de la democracia directa. Más aún, en aquellos casos en que se haya pronunciado en contra de sus aspiraciones corporativas, me refiero tanto a la LUC como la Reforma de la Seguridad Social. Es que muchas veces, el avance y el predominio de estos “grupos de presión” ha terminado excediéndose del “interés gremial” minando la propia institucionalidad democrática y republicana. Esto condiciona muchas veces, la toma de decisiones administrativas, las que luego suponen la interposición de acciones de nulidad de lo actuado, con las consiguientes y eventuales reparaciones de tipo patrimonial que se generen, con los gastos y desgastes de todo tipo, que tal proceder arbitrario conlleva. Este peligro que señalamos, contribuye a crear una sensación de desesperanza, muy difícil de restablecer en aquellos que, tal vez los hayan votado, pero perciben cómo se aleja la posibilidad de construir un proyecto nacional, verdaderamente nacional que involucre al mayor número de habitantes de este suelo, como integrantes de una Nación que merece recuperar aquel “Estado de Bienestar”, que nos distinguiera y fuera pionero en el mundo. Se trata en suma, de apostar por el buen criterio de las decisiones que adopten estos nuevos jerarcas, en las responsabilidades que asumirán y en el andar, podrán demostrar si verdaderamente persiguen “el interés público”, por sobre toda tentación corporativa. Habrá que estar alertas y proceder en consecuencia.